Cuando a finales de los 90 quedaba poco para que la peseta desapareciera, se calculaba como un aunténtico tesoro todo el dinero negro que estaba escondido debajo de muchos colchones.
Aún teniendo en cuenta nuestra ideosincracia, nuestra manera de ser de estilo mediterráneo, todo aquel dinero afloró después de la crisis post-olímpica.
La cuestión es que ahora, en plena recesión, es muy habitual que aquéllos que pueden encarguen reparaciones, reformas, etc y le pidan al empresario que le cobren “en negro”. Así se evita pagar el dichoso IVA. Muchos pequeños empresarios, algunos individuales, pagan a la Agencia Tributaria el IVA por el sistema de Módulos, es decir, unas cuotas fijas e invariables sin tener en cuenta lo que facturan.
Se está dando la situación paradójica que oficialmente no pueden justificar la actividad mensual que tienen porque casi todos los trabajos los han cobrado “en negro”, sin factura legal.
Este hecho puede suponer un enmascaramiento y encubrimiento de la situación real de la economía de PYME. En algunas ocasiones supone un quebranto fiscal para el Estado que debe hacer frente a la inversión en el cambio del modelo económico y mantener el bienestar social, en estos momentos tan difíciles. Lo que opino está claro es que siempre será perjudicial, a largo plazo, para todos, el engordamiento de la economía sumergida y la acumulación de dinero negro.
Para los que aún tenemos la suerte de poder pagar facturas, es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y ciudadanas, exigir una factura legal.
